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La ciudad de México inició el 2002 con un saludable debate, como pocas veces había ocurrido en la
ciudad, sobre las causas de fondo que hacen tan difícil realizar los viajes diarios de trabajadores,
comerciantes, estudiantes y amas de casa en la segunda mancha urbana del mundo; y las soluciones a
los problemas cotidianos del congestionamiento que diariamente vive la ciudad.
En este intercambio entre autoridades locales, federales, diputados y partidos políticos; y donde también participaron las
organizaciones empresariales, organizaciones civiles, agrupaciones de profesionistas y colegios de académicos; se precisaron dos grandes temas de la
agenda pública relacionada con el transporte y la vialidad.
La movilidad se refiere tanto a la demanda de viajes que requiere una población creciente y con empleos, viviendas y accesos a
educación, cultura y comercio, cada vez mas distanciados entre sí, y por otro lado, a la oferta de infraestructura vial de avenidas y calles, con sus
intersecciones, así como a los diversos servicios que se utilizan para realizar los viajes, desde el auto particular, el transporte público de mediana y gran
capacidad, como los autobuses y el metro, y una creciente dotación de transporte concesionado como los taxis y los microbuses. Los llamados modos de transporte.
Los problemas en la movilidad que son generadores de molestias cotidianas y masivas, son un síntoma de un malestar mas profundo:
el modo desordenado en que ha crecido nuestra ciudad y la metrópoli, con graves riesgos para la sustentabilidad de la vida de la Zona Metropolitana del Valle de
México. Por eso el centro del debate no sólo se refiere a evaluar la eficacia de las medidas para aumentar la velocidad en la movilidad, sino a sus efectos para
corregir o aumentar los desequilibrios del crecimiento urbano.
Este proceso de debate público y democracia participativa, afirma una convivencia democrática donde la decisión de gobierno
debe asentarse en una política cada vez más pública, abierta al escrutinio, con fundamentos claros sobre su pertinencia y en incorporación constante de las
dudas, inquietudes y propuestas de una sociedad activa. En ese proceso la autoridad debe transparentar y explicar sus propuestas, como lo ha hecho; y los
otros poderes, los medios masivos y los ciudadanos -desde la exigencia de mas información y mejores razones - el de fundamentar sus objeciones y alternativas.
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